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ponsables y comprometidos. Ello implica promover la integración y convivencia social, la búsqueda del bienestar
colectivo, el respeto a la diversidad, la justicia social y la dignidad de cada persona. Para producir lo anterior, se debe
garantizar el acceso a una educación pública de calidad con pertinencia social y territorial, valorando la participación
y el aporte que instituciones de carácter estatal y privado realizan. El Estado debe asegurar acceso a educación con
medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, a partir de la primera infancia y a lo largo de todo el sistema
escolar, considerando el respeto de las diferencias de distinto orden, ya sean étnicas, de nacionalidad o de género,
entre otras. Es fundamental promover una mayor articulación entre los procesos de formación y el contexto territorial
a fin de transitar hacia un modelo de comunidad inclusivo-articulada desde la colaboración entre todas las perso-
nas. También se requiere crear y consolidar un proyecto educativo a nivel país que permita la descentralización de
la educación, teniendo en cuenta competencias regionales para la determinación de criterios de acreditación, así
como otorgando recursos para la investigación, el desarrollo y la creación en todas sus manifestaciones.

∞ Salud. Debe ser entendida como un derecho social garantizado para todos los ciudadanos y ciudadanas, resguar-
dando la calidad, la accesibilidad, la equidad, la oportunidad y la resolutividad. Para esto, es fundamental reconocer
que Chile requiere de un sistema sanitario que permita el desarrollo de sus comunidades a lo largo del territorio, que
promueva la vida saludable, la salud preventiva, que provea de infraestructura sanitaria equitativa y que empodere a
la ciudadanía, por la corresponsabilidad en el cuidado de salud, más allá de la atención. El enfoque de la salud debe
tener una visión de sistema centrada en el usuario. Resulta indispensable también fortalecer la coexistencia entre la
medicina convencional y la medicina tradicional desde un enfoque intercultural.

∞ Territorio y Medioambiente. De acuerdo con los principios rectores de sustentabilidad, justicia social, equidad
y respeto a la diversidad de pueblos y culturas, se plantea la necesidad de desarrollar una gestión del territorio que
evolucione desde un modelo de funcionamiento basado en la explotación de recursos a otro que sitúe su centro en la
sustentabilidad real y la comprensión del territorio como derecho (desde el derecho sobre el territorio de los pueblos
originarios al derecho medioambiental), vinculando la gestión de áreas urbanas con el entorno rural y apuntando al
empleo de energías limpias y el reciclaje. El Estado debe implementar esta política mediante una planificación te-
rritorial y ambiental con visión de largo plazo, con énfasis en el desarrollo social y ambientalmente sustentable, que
supere la visión extractivista y economicista del modelo actual, basada en la explotación de recursos naturales en
forma indiscriminada y con visión de corto plazo, por otro modelo centrado en el conocimiento y en la preservación
de los espacios naturales y rurales, el paisaje y el patrimonio, así como la distribución de actividades productivas,
infraestructuras, servicios, equipamientos, espacios públicos y zonas verdes de modo sustentable, equitativo, justo
e inclusivo en comunas, regiones y el conjunto de la nación.
El Estado debe desarrollar políticas de descentralización, particularmente en relación con la transmisión de com-
petencias y la administración directa de los fondos de desarrollo regional y local, así como la distribución equitativa
entre regiones de estos fondos. El Estado debe realizar una gestión equitativa, inclusiva y justa del territorio y su
mercado para optimizar su uso y su precio, evitando de esta forma la segregación y el desequilibrio territorial. El
Estado debe garantizar un sistema de acceso a la vivienda equitativa, inclusiva, sustentable y justa en diálogo con la
ciudadanía. En particular, será un objetivo específico central la construcción de viviendas sociales o económicas no
segregadas. La heterogeneidad social y funcional del espacio urbano constituye el factor clave para avanzar hacia
ciudades social y ambientalmente sustentables, eficientes y seguras.

∞ Gobernanza, relación entre Estado y ciudadanía. Se debe repensar la relación entre Estado, mercado y sociedad
que permita encontrar un nuevo equilibrio entre las demandas de la población y la capacidad de respuesta de los
gobiernos. Las demandas sociales actuales se orientan precisamente hacia una nueva relación entre el Estado y la
ciudadanía, particularmente exigiendo un nuevo estilo de hacer políticas públicas en que la sociedad civil juegue un
papel significativo en la definición e implementación de los asuntos públicos que le conciernen. Esta nueva forma
de relación entre el Estado y la sociedad debe superar las prácticas centradas solo en el diálogo, las encuestas y la
concertación corporativas para dar paso a acciones que, sin descuidar lo anterior, enfaticen el valor de la corres-
ponsabilidad en la construcción del nuevo pacto social que queremos y de las respuestas ciudadanas, locales y de
los territorios en los asuntos públicos. La gobernanza del país, así entendida, representa el método para el diseño
del pacto social y es el horizonte en la construcción del nuevo Chile.

Carlos Saavedra Rubilar, Rector Universidad de Concepción
Darcy Fuenzalida O’Shee, Rector Universidad Técnica Federico Santa Maria

Mauricio Cataldo Monsalves, Rector Universidad del Bío-Bío
Christian Schmitz Vaccaro, Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción