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PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE


                  UN CHILE MÁS EQUITATIVO Y HUMANO



                                               CRUCH BIOBÍO-ÑUBLE







           Los Rectores de las universidades de Concepción, del Bío-Bío, Federico Santa María y Católica de la Santísima Con-
           cepción, ante la crisis política, social y moral que ha vivido el país desde el 18 de octubre pasado, han convocado a un
           grupo de 18 académicos provenientes de las más diversas disciplinas, para iniciar un proceso de reflexión que permitiera
           establecer los lineamientos futuros en orden a generar propuestas conducentes a un nuevo pacto político-social.
           Considerando el documento de trabajo que hemos recibido por parte de este grupo interuniversitario de académicos,
           los cuatro Rectores declaran:


           Ante la crisis política, social y moral, en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, existe conciencia de la nece-
           sidad de que el país establezca un nuevo pacto político-social, traducido en una nueva constitución, y una amplia
           agenda social que incluya la revisión y construcción de una normativa en temas sociales y de sentido humano.
           Así, la  sociedad chilena debería acoger los siguientes principios rectores:


              ∞ Un Estado garante de la dignidad de la persona humana, independiente de su condición social, religión, étnica,
              pensamiento político, orientación sexual. Se fundamentan, desde aquí, los derechos sociales universales y democrá-
              ticos, de modo de garantizar el derecho a la vida, el desarrollo sostenible, la convivencia pacífica, la vivienda, la salud,
              la educación, pensiones dignas, trabajo y salarios justos, todo lo anterior desde el principio de justicia distributiva.


              ∞ Un Estado que reconozca, en su esencia, que la nación la componen mujeres y hombres con distintas culturas y
              etnias, lenguas, costumbres y creencias, que dan la identidad y riqueza a las diversas comunidades y al país como
              unidad, cuyo principio rector sea la búsqueda del bien común. De esta forma, la territorialidad, en sus diversas ma-
              nifestaciones, debe ser protegida y promovida por el Estado con énfasis en el diálogo intercultural, promoviendo el
              respeto a la diversidad en conexión con los otros y con nuestro territorio.


              ∞ Un Estado garante de la participación ciudadana informada que se basa en la deliberación para la toma de deci-
              siones y propicia la formación de ciudadanos reflexivos-constructivos, en un contexto social-ético que conecta la
              relación entre el Estado, la sociedad y las personas.


              ∞ Un Estado que procure una comunidad política en la cual prime el paradigma de la horizontalidad entre personas,
              en armonía con el medioambiente, rompiendo así el paradigma entre el ser humano como sujeto y la naturaleza
              como objeto, y proponiendo políticas públicas territoriales y sustentables que promuevan el interés y las acciones
              de carácter colectivo y solidario.


           Estos principios rectores implican revisar, entre otros, los siguientes temas y normas asociados con ellos:
           Pensiones. Con el objeto de construir un sistema de pensiones mínimas que permitan a los jubilados una vida dig-
           na, basado en un principio de solidaridad nacional, intergeneracional y horizontal. Dicho modelo debe considerar
           los cambios demográficos y cautelar la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema de previsión para no
           poner en riesgo su proyección a largo plazo.


              ∞ Trabajo y remuneraciones. El Estado debería garantizar el desarrollo de un sistema laboral que permita compa-
              tibilizar la jornada laboral con los espacios de la vida personal como un eje esencial para el desarrollo integral de
              las personas y del bienestar del colectivo y de la familia. Igualmente, debería implementarse una política de ingreso
              mínimo garantizado, que permita, conforme a los promedios de costo de vida territorializados, cubrir de manera
              digna las necesidades básicas de los beneficiados y beneficiadas. Asimismo, debería garantizarse políticas públicas
              remunerativas, manteniendo el principio de justicia equitativa entre géneros.


              ∞ Educación. Considerando que la educación constituye un derecho social al servicio del desarrollo humano en
              armonía con su medio cultural y ambiental, esta debe enfocarse en la formación de ciudadanos y ciudadanas res-
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