Según manifestó el presidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Fernando Rueda, "seguimos expectantes por el futuro del proyecto y eso será así hasta tener algún pronunciamiento oficial de parte del Gobierno, principalmente sobre los términos en que se continuará con la iniciativa; luego, sí, podemos decir que existe un grado mayor de positivismo respecto al embalse, reitero, sin tener certezas aún, y eso está dado por lo que nos han transmitido autoridades regionales y nacionales en instancias que nosotros hemos propiciado, valga decir, ellos nos han asegurado que el objetivo es seguir adelante con el embalse, pero lo cierto es que aún 'queda mucho paño por cortar', como se dice".

Como se recordará, el MOP llamó a licitación el 18 de noviembre de 2021 para la segunda concesión del embalse, renombrada como Nueva La Punilla, sin embargo, a poco de asumir la actual administración, y atendiendo los cuestionamientos ambientales y sociales al proyecto, tanto de organizaciones ciudadanas como de líderes políticos, se resolvió someterlo a una reevaluación, por lo que el proceso ha sido postergado en cuatro ocasiones. De hecho, la última postergación, que se informó el 14 de noviembre pasado, aplazó la recepción de ofertas técnicas hasta julio de 2023.

Dicha reevaluación fue encomendada al Comité Interministerial para una Transición Hídrica Justa, que emitió su informe en enero pasado y fue ratificado en marzo por el Consejo de Ministros de la CNR, en la que se recomendó, entre otras medidas, reducir entre un 25%-30% el área a inundar por el embalse. En marzo, sin embargo, se produjo la salida del ministro Juan Carlos García, quien fue reemplazado por Jéssica López, lo que según reconocen fuentes del sector, ha significado un cambio de mano en la relación con los regantes.

Rueda participó en mayo en una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la que también concurrieron el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González; el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción-Chillán, Ricardo Salman; el senador Gustavo Sanhueza; el ingeniero de la JVRÑ, Salvador Salgado; el presidente de la CPC, Ricardo Mewes; y el presidente de la SNA, Antonio Walker.

En la cita, gestionada por el senador Sanhueza, el secretario de Estado se comprometió a reunirse con su par de Obras Públicas, Jessica López, para saber cuáles son los aspectos que desde esa cartera obstaculizan el avance de la iniciativa que beneficiará a campos de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y, potencialmente, a San Fabián, facilitando el riego efectivo (seguridad del 85%) a más de 60 mil hectáreas.

“Una obra como el Embalse Nueva La Punilla, es, a estas alturas, una necesidad urgente, por eso seguimos reuniéndonos con autoridades de Gobierno para hacerles ver nuestros argumentos, los cuales también comparten gremios tan importantes como el comercio, la construcción y por cierto la agricultura, ya que se trata de una obra que beneficiará a todas las actividades de Ñuble, es de un interés transversal. Esperamos que nuestros puntos sean bien ponderados por el ministro de Hacienda, que es alguien que entiende que son inversiones como la que queremos materializar con el embalse, lo que requiere una región con altos índices de pobreza como la nuestra”, sostuvo Rueda tras la reunión.

Sanhueza, por su parte, comentó que “el actual gobierno ha realizado cuatro prórrogas de la licitación, ya que se quiere modificar el proyecto y no hay claridad tampoco sobre los tiempos de ejecución. No podemos cambiar la orientación de los proyectos de Estado cada cuatro años. Eso vale para hoy y también para el gobierno que asumirá en 2026. Los proyectos deben tener continuidad”, añadió el parlamentario.

En opinión de Carlos González, se ha logrado avanzar gracias a las gestiones que han realizado los dirigentes gremiales con el apoyo de los parlamentarios de Ñuble, sin distinción política.

“Creo que hay un mayor optimismo porque la pega la hemos hecho, hemos golpeado las puertas que corresponden, en los momentos que corresponden, hemos involucrado a todas las fuerzas políticas; y además, las autoridades se han dado cuenta que estos proyectos son necesarios, son de vital importancia y son urgentes, no tan solo para la agricultura, sino que para la comunidad en general, entonces, ya los oídos se han destapado”, afirmó González.

Consultado si se ha percibido un cambio de mano a partir del cambio de ministro en Obras Públicas, el dirigente agrícola reconoció que “he sentido que, de un tiempo a esta parte, las cosas han ido cambiando, porque si miramos un año atrás, el tema Punilla nadie lo quería tocar, nadie lo tomaba, uno hablaba con las autoridades y respondían con evasivas, y de repente estos proyectos empezaron a andar más rápidamente”.

El timonel de los agricultores de Ñuble dijo ver “una muy buena intención de las autoridades de concretar el embalse La Punilla. No sé si le van a hacer modificaciones o no, pero sí veo una muy buena intención a nivel de ministerios, con las autoridades que hemos conversado y también veo una muy buena disposición de los políticos de todos los colores políticos que están interesados, pues luego de conversar mucho y de explicarles bien los proyectos, se han dado cuenta que La Punilla es necesario”.

Respecto al proyecto del embalse Zapallar, la expectativa es que, con la voluntad demostrada por las autoridades de la DOH, las perspectivas de su concreción entrarán en tierra derecha una vez que se obtenga la aprobación ambiental, el mayor escollo que enfrenta la iniciativa actualmente.

El primer estudio de impacto ambiental (EIA) fue ingresado por la DOH en septiembre de 2019, sin embargo, dos meses después fue retirado por el titular para resolver las numerosas observaciones presentadas por parte de servicios públicos consultados, así como de la comunidad.

Luego, en septiembre de 2020, se ingresó un segundo estudio, desarrollado por la empresa Gestión Ambiental Estratégica Consultores, pero esta vez ha enfrentado más cuestionamientos y observaciones. Esto ha obligado a la DOH a presentar dos adendas y solicitar suspensiones, de hecho, actualmente está vigente la extensión de la suspensión del plazo hasta el 19 de octubre de 2023, para responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones.

El Zapallar es un viejo anhelo de los agricultores del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008. Se estima que su capacidad de almacenamiento será de 80 millones de metros cúbicos (cuatro veces el tranque Coihueco).

Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, comentó que “ahora hay mayor optimismo porque el Consejo de Ministros de la CNR consideró la sensibilidad social del proyecto y lo cambió desde la Dirección de Concesiones al sistema de financiamiento por parte del Estado. A su vez, se ha conocido el rol de los regantes futuros de San Ignacio y El Carmen, que está demostrando que son 950 pequeños agricultores los beneficiarios de esta obra. Entonces, estamos viendo una reacción muy positiva de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, que asumió la responsabilidad directa del estudio de impacto ambiental y, de hecho, están actuando con mucha diligencia para poder entregar antes de octubre las respuestas a las observaciones”.

El profesional aseveró que “es un gran avance la decisión del actual gobierno, que el Embalse Zapallar se haga como obra del Estado primero, que había costado mucho, y que tengan la decisión de avanzar derechamente, cosa que antes no se veía, porque antes habían presentado un estudio de impacto ambiental, lo retiraron, después presentaron otro, y al mes de octubre próximo tienen la última instancia para resolver todas las consultas que se le hicieron en el proceso de evaluación ambiental”.