La verdad es que uno se siente preocupado, porque hemos tenido muchos años de discusiones, en que lamentablemente, cada cuatro años se producen cambios fuertes de políticas de Estado y esto es un poco como esta mitología griega de aquel que dice que viene un problema y nadie la escucha, y al final tenemos el problema encima y no tenemos claro cuánto va a durar esta sequía.

Es un tema muy preocupante, y para uno, que llevo varios años trabajando en este tema, lo que resulta más agobiante es la discusión política que se produce cada cuatro años, la discusión política que tenemos ahora con la Constitución, en que hay mucho atrincheramiento de ideas, entonces, no hay discusión profunda del Estado de Chile respecto a qué vamos a hacer en la situación que estamos. Hay gente que trata a la agricultura como depredadores del medio ambiente, entonces, a esas mismas personas me gustaría preguntarles qué desayunaron, qué almorzaron, de dónde vienen esos productos. Hay mucho atrincheramiento, mucho eslogan, palabras sin profundizar, y eso nos lleva a distraernos y no considerar el problema central, que es cómo vamos a manejar la sequía. Entonces, hay gente importante que dice “necesitamos más agua”, pero después dice “me opongo a los embalses”.

Es el momento de trabajar en soluciones: llevamos 15 años de sequía, no tenemos claro cuánto va a durar, pueden ser 15 años más.

No, para nada. Nosotros tenemos cuidades muy grandes, como Santiago, donde casi el 50% del agua que se consume se va al suministro de agua potable, entonces, es una ciudad vulnerable, pero más vulnerable todavía es el Gran Valparaíso. El año pasado, para asegurar el abastecimiento de agua al Gran Valparaíso se intervino el río Aconcagua, hubo una orden de cerrar compuertas, los agricultores del Aconcagua no pudieron regar en un periodo del año, para asegurar el llenado del embalse Aromo, pero resulta que en Viña del Mar la gente lavaba autos, regaba jardines, sin tener conciencia de lo que había significado el esfuerzo de asegurar el abastecimiento de agua potable. Y ahí viene un tema, porque seguimos regando jardines, seguimos lavando autos, y si bien hay algunos cambios, algunos municipios están restringiendo el riego, se habla de un impuesto al sobreconsumo de agua, lo cual me parece bien, pero las comunas que están con riesgo de racionamiento, son comunas donde el consumo per cápita es muy alto, hay algunas en Santiago donde llega a 600 litros diarios por habitante, es impresionante, y el promedio nacional es 180.

No, afortunadamente en Ñuble y Biobío nosotros tenemos ríos importantes y ciudades no tan grandes, entonces, por ejemplo, en el caso de Chillán el abastecimiento está asegurado por los pozos, Essbio ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido. No vamos a tener ese riesgo nosotros, pero sí puede haber otro tema, como los cambios que van a venir con el aseguramiento de los caudales ambientales y otro tipo de demandas sociales, que eso es algo que también se va a producir y que se acentúa con la sequía.

Hay una persona que sabe mucho de agua, que se llama Axel Dourojeanni, a quien respeto mucho, y yo lo he escuchado varias veces decir que él conoce sistemas privados y sistemas estatales, y que funcionan igual de mal. El tema no es la propiedad del agua, el tema es la gestión del agua. Nosotros tenemos organizaciones de usuarios de agua que hacen una excelente gestión del agua, yo soy defensor de las organizaciones de usuarios de agua. La mayoría de los conflictos por el agua se resuelven internamente y nadie se entera porque tenemos muy buenas organizaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas. Las sanitarias también hacen una buena gestión.

De repente hay discusiones que yo encuentro muy ideológicas. Todos tenemos derecho a tener nuestra ideología, yo también la tengo, pero yo trato de ser un poco más técnico y decir “veamos las cosas buenas cómo funcionan y veamos lo que hay que mejorar”, que necesariamente tenemos que mejorar.

Originalmente, creo que se ha tratado de influir en el debate constitucional. Mi postura personal es que este tipo de grupos, como Juntos x el agua, donde hay un diálogo e intercambio de ideas que es muy enriquecedor, no nos podemos quedar solo en el debate constitucional, porque mal que mal, va a haber una nueva Constitución, ya sea ahora o más adelante, que va a ser hecha por personas, por lo tanto, es casi seguro que vamos a tener que corregir algunos aspectos, y yo siento que los próximos cinco a diez años van a ser años de mucho trabajo de ajustar normas y corregir errores, esto no es un trabajo que se va a acabar ahora, entonces, la labor de Juntos x el agua, la labor de las sociedades gremiales, de la academia, que yo represento en este minuto, va a ser apoyar a la generación de bienes públicos, de difusión, porque se nos viene un periodo interesante de discusión por la nueva Constitución, por los ajustes de las leyes a la nueva Constitución y por las modificaciones y necesarios arreglos que habrá que hacer.

Pero por qué vamos a echar por la borda más de mil años de tradición. Si hay una cosa que tenemos que es exitosa en Chile, es el modelo de gestión de agua por parte de las organizaciones de usuarios de agua, que se tiene que basar en reglas claras. Por eso yo he planteado que las reglas tienen que ser claras, y para eso el Estado tiene el deber de entregar la información y mejorar las reglas del juego. Por ejemplo, en el caso de Copiapó, donde se otorgaron derechos de agua que excedían la recarga del acuífero y que generó un conflicto que era la bandera de los conflictos, pero se constituyó una comunidad de aguas subterráneas, con un potente líder local, y el conflicto se ha ido atenuando, se han llegado a acuerdos, ha habido negociaciones. Entonces, cuando se habla de la administración por parte del Estado, yo creo que la administración debe ser local en un acuerdo público-privado, pero con líderes locales empoderados. El caso de Copiapó es un muy buen ejemplo, donde siguen teniendo problemas, pero ya no es tan dramático, porque han tenido una organización con buenos líderes, en cambio, en Petorca no están los líderes, en la laguna de Aculeo no tenían ninguna organización, entonces, los problemas empiezan a ocurrir cuando carecemos de una buena organización, nuevamente, aquí las juntas de vigilancia que trabajan bien son territorios donde no hay muchos conflictos. Entonces, ¿dónde están los conflictos? Con las demandas nuevas, los caudales de preservación ambiental, el paisajismo, la demanda por el turismo. Y esos conflictos ocurren porque el Código de Aguas no establecía la herramienta para otorgar derechos para esos usos, entonces, el problema es qué derecho de agua le asignamos a la preservación ambiental, qué derecho de agua le asignamos a los valores culturales, qué derecho le asignamos al turismo, y ahí está el deber del Estado, que va a tener que invertir en investigación, en conocimiento, para poder decir “mire, para mantener el salto del Laja necesitamos 10 metros cúbicos por segundo desde Tucapel”, y así fue posible hacer el acuerdo del Laja, porque tenemos el dato, los datos generan transparencia y confianza.

No solamente eso. Volvamos a la laguna de Aculeo. El balance hídrico que hace actualmente la DGA considera un balance de recarga, un balance de interacciones, en base a derechos de agua, pero no considera las demandas de los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas, que es un nuevo concepto, que en términos concretos son vertientes, humedales, que dependen del flujo de agua subterránea. Entonces, qué es lo que pasa cuándo la gente está molesta: es cuando se le seca la laguna, cuando se le seca la vertiente o el humedal. Si nosotros logramos establecer caudales asociados a esas demandas, podemos perfeccionar los balances hídricos y podemos trabajar tranquilamente; y quizás no corresponda a la junta de vigilancia, pero sí a algún tipo de organización regional, que logremos un acuerdo como se hizo con la mesa del Laja, lograr un acuerdo en base a información, generación de transparencia, generación de confianza, y poder avanzar, yo veo que por ahí va el futuro. Entonces, yo creo que la agricultura, en algún minuto, va a tener que hacer lo mismo que hicieron los agricultores del Laja y del Laja-Diguillín, del canal Zañartu, que entregaron parte de sus derechos de aguas para mantener el salto del Laja y reducir la conflictividad, eso se puede hacer, se puede llegar a acuerdos, pero necesitamos datos, necesitamos información, y ahí está el deber del Estado.

En el centro Crhiam hemos mantenido una línea de trabajo desde que partimos hace diez años sobre recarga de aguas subterráneas. Ha sido bien afortunado, porque nosotros estamos pasando la peor megasequía en la historia de nuestro país, sin embargo, no hemos tenido un desastre social y económico, como lo hubiera sido hace cien años, gracias a la tecnología que nos permite usar las aguas subterráneas, que son nuestro sobregiro, y hemos logrado sobrevivir como país, crecer económicamente y tener un mayor estándar de vida, gracias al uso masivo de aguas subterráneas. Eso significa que estamos explotando excesivamente las aguas subterráneas y no conocemos las recargas de estos sistemas, no conocemos donde se producen las recargas, no conocemos cuánto es la recarga y a pesar de eso estamos hablando de recarga artificial de aguas subterráneas. Es necesario conocer mejor, y en ese sentido, celebro un proyecto que se está iniciando sobre el estudio de los acuíferos en la cuenca del Itata, y de esa forma tenemos que llegar. Aquí en Ñuble hay un ejemplo bien interesante: la junta de vigilancia del río Diguillín tiene un proyecto de recarga de aguas subterráneas hace muchos años, y si miras los datos -porque hay un estudio de la Comisión Nacional de Riego-, pese a la megasequía, en la zona donde la junta de vigilancia ha hecho recarga artificial usando los canales de riego, el acuífero ha subido.

Pero después nos falta la administración de ese volumen recargado, entonces también tenemos que avanzar en administrar las aguas subterráneas, y eso es un tremendo desafío. Tenemos desafíos interesantes: conocimiento y brechas administrativas. Hay que avanzar a la gestión local de las aguas subterráneas, a través de los gobiernos regionales, los municipios, las comunidades de aguas subterráneas.

Yo creo que los gobiernos regionales tienen un rol importante, pero requieren una secretaría técnica, permanente, con una persona que no sea de primera línea, no puede ser el gobernador el que dirija la mesa, porque el gobernador tiene muchas cosas que hacer. Con el exintendente (Jaime) Tohá hubo una mesa regional de riego que funcionó muy bien, y ahí había un funcionario del Ministerio de Agricultura que hacía las veces de secretaría técnica, y trabajó bastante bien esa mesa, porque ahí teníamos una figura de un funcionario empoderado por el intendente de la época, pero que permitía mantener la secretaría técnica, ése tema es clave, pero para eso necesitamos financiamiento, necesitamos un cargo. Y tampoco puede cambiar esto cada cuatro años, esto tiene que estar institucionalizado, independiente del gobierno de turno, y llamémoslo secretaría de cuenca, secretaría regional de aguas, tienen muchos nombres, pero la estructura es más o menos la misma.