Con un presupuesto histórico para la región de Ñuble cerró el 2020 la Comisión Nacional de Riego (CNR), lo que su coordinador zonal Biobío-Ñuble, Javier Ávila Parada, atribuyó, en parte, a la condición de ser una región nueva, pero también al impulso dado tanto por la autoridad central como regional, a la inversión en riego.
¿Qué favoreció que se pudiera ejecutar ese presupuesto histórico?
Hay una cifra histórica en términos de bonificación de proyectos de riego en Ñuble. Estamos hablando de más de $10.300 millones. A modo de comparación, cuando partimos como región, en 2018, lo hicimos con un presupuesto de $3.700 millones. Aquí se suma la voluntad y las condiciones, de hecho, hay que agregar aquí los recursos que se bajaron efectivamente el 2020 para la bonificación de los primeros proyectos del convenio CNR-Gobierno Regional de Ñuble, lo que nos da un total de $11.750 millones.
Lo segundo es que, al separarnos de Biobío, se genera una mirada distinta desde la CNR. Antes era la región del Biobío que apostaba como un todo a sus cuatro provincias. Entonces, en la definición de los recursos entró una región nueva, y los recursos son mayores que los que recibíamos antes.
En esta cifra del 2020 hay que señalar que se incluyen alrededor de $4 mil millones que bajaron a partir de condiciones especiales por este plan de reactivación económica, que se establece a través de la Ley 18.450. Y ahí creo que es bueno hablar de lo efectiva, beneficiosa y eficiente que ha sido esta herramienta para el Estado, el fomento al riego es una política pública que tiene muchos años, a través de la Ley 18.450, y que es un instrumento que está muy bien evaluado, porque en su materialización considera exclusivamente elementos técnicos para resolver donde se colocan los recursos, es decir, todos los proyectos compiten por recursos con variables técnicas. No hay visos de pérdida de recursos por el lado de la Ley, porque ha sido muy bien determinada la forma en que se bajan los recursos. Y esa ha sido una de las razones por las que el Gobierno determinó que una importante cantidad de recursos públicos para la reactivación se bajaran a través de esta Ley.
Precisamente comenzó la discusión en la Cámara de Diputados de la extensión de esta ley. Dada la buena evaluación que usted menciona, ¿cree que no debiera tener mayores problemas en su tramitación legislativa?
Más que creer, espero. Porque hoy no podemos negar que hay un componente adicional en el análisis, que es el tema del Código de Aguas, que tiene alguna vinculación con la ley. Pero aun así yo espero que esta prórroga se apruebe, más cuando la CNR, como ente técnico, y el Gobierno, en su iniciativa legislativa, plantea modificaciones que apuntan a hacer foco más específicamente en una agricultura pequeña y mediana, se limita por arriba la posibilidad de acceder a los recursos de fomento al riego a los grandes predios, y se deja un espacio mayor para los medianos y pequeños productores agrícolas.
A propósito de este presupuesto histórico de 2020, ¿se podría esperar que este 2021 o en 2022 se van a ver cifras similares o mayores?
Yo creo que van a haber cifras similares. Quizás no vamos a estar exactamente en el nivel de los $8.700 millones, creo que podemos estar un poco más bajo, pero eso va a tener relación con la cantidad de proyectos que tenemos en condiciones de poder postular a esos recursos. El horizonte de un proyecto de riego es más o menos dos años, desde la formulación hasta el pago, entonces, los recursos extraordinarios de reactivación tienen como condición que esos recursos se ejecuten en un determinado tiempo, y eso hace que tengamos que buscar proyectos que fueron técnicamente aprobados, pero no recibieron bonificación porque no había recursos. Entonces, habiendo una cartera de proyectos no seleccionados pueden postular a esos recursos extraordinarios, porque pueden adecuarse al plazo exigido. Nosotros, en la primera tanda, que se refleja en los recursos que se bajan en 2020, teníamos una cantidad de proyectos no seleccionados importantes, lo que nos hizo posible bajar $4 mil millones adicionales en Ñuble. Este año 2021, creo que van a ser menos, porque se nos ha ido agotando esa cartera de proyectos en esas condiciones.
Uno de los temas en los que ha puesto atención la CNR es el problema de las áreas blancas del canal Laja-Diguillín, que aún no reciben riego. ¿Eso ha sido un factor en esta inyección de recursos adicionales?
El concepto de problemática de los blancos estaba circunscrito al ámbito del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, porque esa gran obra se ejecuta bajo el alero del DL 1.123, que tiene como característica que el Estado invierte, incluso en predios privados, y posteriormente, establece el monto que los beneficiados tienen que restituir. Y bajo ese mismo contexto, esos territorios que nunca tuvieron agua, pero que producto del Laja-Diguillín quedan bajo cota o existe la posibilidad de llegar con agua a sus predios, ellos tienen la expectativa que bajo esa misma norma llegue el recurso a sus predios. Y en el primer gobierno del Presidente Piñera se empieza a desarrollar un estudio para determinar la cuantía y las obras que habría que desarrollar, un estudio que duró mucho tiempo, y la verdad es que la cuantía de la inversión necesaria es muy importante, se habla de más de 40 mil millones de pesos, que es mucha plata, pero además, tiene algunos inconvenientes, porque tengo que ver cuándo tengo los recursos disponibles y si legal y técnicamente esa obra la puedo ejecutar. Cuando partimos como región, vimos que había un grupo de agricultores que tenían la aspiración de poder contar con agua en sus predios y que esto se dilataba. Entonces, junto al exintendente Arrau analizamos de qué manera podíamos influir para adelantar eso, y entendiendo que con la Ley 18.450 normal no lo podíamos hacer, nosotros firmamos un convenio con el Gobierno Regional, que aporta una cantidad adicional de recursos y ahí se da la posibilidad de que establezcamos las condiciones para poder ayudar a estos agricultores. Así fue como tuvimos que derribar todas las barreras de entrada, y finalmente salimos con un concurso por $700 millones, que no era gran cantidad de plata, pero permitió demostrar que se podía usar la ley, se bonificaron 6 proyectos, se incorporaron 400 hectáreas al riego, unos 200 pequeños agricultores se incorporan al riego, y ven que aquí se inicia una vía para adelantar obras, no para todos, porque incorporar 10 mil hectáreas de un año para otro es imposible, pero vamos avanzando de a poco. Y como tuvo tan buen resultado, levantamos un nuevo concurso por $600 millones, donde sé que hay 13 iniciativas nuevas, que nos van a significar una cantidad igual o superior de hectáreas de blancos donde podremos llegar con agua.
En el contexto de crisis hídrica, uno de los temas emergentes de los últimos años ha sido la recarga de acuíferos subterráneos, aunque sabemos que en Ñuble hay experiencias de varios años antes. ¿Cuánto pretenden avanzar este año en el estudio de los acuíferos de la región?
Frente a esta crisis de escasez hídrica se empieza a mirar con mayor frecuencia la reserva que hay en los acuíferos, pero bien sabemos que, si sacamos y no restituimos, podemos generar también un problema ahí, por lo que nos interesa también la sustentabilidad. Y en ese sentido, la CNR en el norte ha financiado estudios que apuntaban a la construcción de grandes piscinas que se dejan llenas de agua y va infiltrando los acuíferos, y se mide en perforaciones profundas cómo sube la napa producto de esta técnica. En Ñuble, en tanto, hace algunos años, los regantes de la Junta de Vigilancia del río Diguillín dejan pasar agua por los canales durante los inviernos, de manera tal que se genere una infiltración, y ellos comentan que notan que los pozos de los vecinos suben. Entonces, nosotros propusimos hacer un estudio que nos permita cuantificar lo que se está infiltrando, dónde se está infiltrando y qué deberíamos hacer para mejorar o validar esta técnica, y en eso estamos, se está desarrollando un estudio en la zona de los canales del Diguillín, en que se está midiendo el nivel de la napa, de manera que nos permita estudiar cómo se mueven estas reservas de agua en función a la cantidad de agua que yo les aplico. Creo que es un estudio de mucho valor, porque a futuro estas reservas subterráneas serán cada vez más relevantes. Y nosotros, como Gobierno Regional de Ñuble, el año pasado aprobamos una propuesta de la Dirección General de Aguas, orientada precisamente a lo mismo, no solo en el ámbito del Laja-Diguillín, sino en toda la cuenca del Itata, la DGA le pidió al Gore más de $2 mil millones para efectuar un estudio que le permita caracterizar estos acuíferos.
¿Cuál es la mirada detrás de estos esfuerzos por conocer los acuíferos subterráneos? ¿Es solo de sostenibilidad ambiental o hay también un interés de poder usar estos embalses subterráneos como reservas para el riego? Se lo pregunto porque si no se sabe cuánto se puede extraer, no hay un incentivo al inversionista que va a financiar la infiltración.
Dos consideraciones previas. Primero, la mirada apunta a tener presente que la prioridad absoluta de la disponibilidad de agua está para el requerimiento humano, y este análisis que estamos haciendo no es solo pensando en el riego, estamos pensando que podemos ser un aporte precisamente para conocer un poco mejor el comportamiento de estos grandes depósitos, que en algunas condiciones dicen que se trata de grandes embalses subterráneos. Si estudiamos adecuadamente y podemos cuantificar lo que estamos sacando y estamos entregando, eso es fundamental para hacerlo sostenible en el tiempo. Incluso hay situaciones en el Norte en que se entregaron tantos derechos que al final se estaban entregando derechos sobre aguas subterráneas que no existen, entonces, nosotros queremos evitar eso en nuestra zona teniendo más claridad respecto de la disponibilidad que hay. Pienso que esto se puede complementar con la desalinización de agua para otros requerimientos. El anuncio que se hizo hace unos días, de la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, al alero del Ministerio de Obras Públicas, yo creo que apunta a eso: como un todo, manejar la investigación, los análisis y la proyección del uso del recurso, porque está complicado, y si no nos preocupamos ahora, puede ser muy dramático para muchas zonas.
¿La recarga de acuíferos subterráneos se puede considerar una solución alternativa a los embalses? ¿O es complementaria?
Yo creo que va a ser complementario, porque, en definitiva, la característica que está tomando el comportamiento de las lluvias, que son cada vez en menos tiempo y más intensas, el concepto de la correntía que se mantenía por meses y permitía la infiltración, hoy día cae todo de una vez y llega mayoritariamente al mar, por lo tanto, yo no creo que la solución esté en decir ‘adiós embalses’, yo creo que hay que aprovechar de embalsar todo aquello que cae en exceso, y manejar la infiltración de acuerdo a los estudios que estamos haciendo en el Diguillín.
Uno ve que la mayor concentración de plantaciones y de sistemas de riego de la región está en las provincias de Punilla y de Diguillín. ¿Qué pasa con Itata?.
Itata tiene un grave problema, y toda la zona costera, producto del cambio climático. Antiguamente, en la zona de secano interior teníamos agricultura de invierno, es decir, se sembraba y esas especies tenían su aprovisionamiento de agua en la propia tierra; hoy, la cosa es distinta, llueve mucho menos y, por lo tanto, hay menos posibilidades de hacer agricultura en esa zona. Entonces, lo que estamos haciendo hoy como CNR, en la dirección de cómo ir paliando esto, tenemos actualmente en desarrollo, en la zona del Itata, dos estudios que me parecen súper interesantes. El primero parte en Trehuaco y Coelemu, al alero de los ríos Itata y Lonquén, donde estamos estudiando la factibilidad de, con derechos de aprovechamiento en esos dos cauces, levantar agua y establecer un sistema de riego con acumulación y redes de canales que cubran determinados territorios. Hoy está avanzado el primer estudio y están determinados ocho sistemas de riego que consideran un grupo determinado de agricultores pequeños, que podrían mañana, con los recursos del Estado, establecer un sistema para elevar agua, llevar a un sistema de almacenamiento, como embalses comunitarios, y de allí implementar un sistema de distribución. Entonces, estamos estudiando la posibilidad de utilizar agua que está próxima a llegar al mar, que no la ha utilizado nadie en el Itata; estamos tratando de juntar la bondad que tiene el clima de esa zona con el recurso agua, lo que va a significar una condición muchísimo mejor de productividad.
Y también en la zona de Ránquil, la Municipalidad recibió en compensación, por la instalación de la planta de Nueva Aldea, una dotación de 100 l/s para que dispusiera en la agricultura de su territorio. El año pasado se acercaron a nosotros y nos plantearon la problemática que tienen, ya que debían comenzar a pagar patente por el no uso de esa agua. Así es que hoy se está desarrollando un estudio en Ránquil, que permita determinar dónde sacamos esos 100 l/s y de qué manera, bajo el mismo esquema, podemos conducir, almacenar y distribuir esa agua, que nos debería alcanzar para unas cien hectáreas.
Y si miramos más a futuro, si pensamos que el Punilla pudiera funcionar, yo no descarto que se pudiera estudiar la posibilidad de aducción desde el Punilla a la zona de Ninhue-Portezuelo, de un canal que lleve agua desde el Punilla hacia allá.
¿En qué medida la discusión de la reforma al Código de Aguas y la discusión constitucional que se viene, introducen elementos de incertidumbre en la inversión en riego?
Yo creo que, finalmente, lo que debiera interesarnos como chilenos es saber que la necesidad del recurso para consumo humano esté cubierta y que lo que excede a aquello sea utilizado de manera sustentable y con las prioridades que la misma condición humana nos plantea, es decir, yo creo que es mucho más importante generar alimentos que la extracción de algún mineral. Yo creo que en la discusión constitucional lo que se va a buscar es que quede consagrada esta priorización del uso. Lo de la propiedad del agua es un tema que los juristas van a tener que trabajar, en términos de confirmar que el agua es de propiedad del Estado, no de las personas, y lo que usan las personas son concesiones o derechos de aprovechamiento, que son extinguibles en el tiempo y evaluables en función de su eficiencia de uso.
No podemos dejar de considerar que, si se pierden condiciones que hoy existen respecto de la certeza de que yo tengo agua para producir, si esa certeza se pierde, le aseguro que se genera una debacle en el ámbito productivo. Yo no invierto si mañana no tengo la certeza de que voy a poder regar mis árboles o mis plantaciones, y si yo no planto, se termina todo un proceso de producción que genera trabajo y divisas, todo esto es una cadena, entonces hay que tener la capacidad de compatibilizar prioridades que son indesmentibles, condiciones de consumo humano, producción de alimentos, en fin, con el uso eficiente del recurso en estas áreas. En lo que sí pondría mucho ojo y que creo que nos llevó a esta mirada crítica de la administración del agua en el país, es terminar con la especulación en torno a los derechos de aprovechamiento, es decir, aquella persona que no usa los recursos en el predio identificado, ¿para qué quiere el agua? Esos derechos de aprovechamiento no consuntivos para la generación eléctrica muchas veces entorpecen la posibilidad de generar consumo humano sin problemas o producción de alimentos, porque hay un derecho que está reservado ahí para usarlo no sé cuándo, porque está la capacidad de pagar esa patente por esos recursos. Entonces, yo creo que la discusión constitucional se va a dar en eso: prioridades; propiedad, que está claro que es del Estado; y cómo yo administro que el uso sea eficiente y no especulativo. Y en ese sentido es muy valioso el rol que cumplen las organizaciones de usuarios, los canalistas, ¿quién mejor que los propios usuarios puedan administrar el recurso?