De las 35.630 hectáreas consideradas como zona de influencia del sistema Laja-Diguillín, actualmente se están regando 20.341 hectáreas “mejoradas” y 5.526 hectáreas “adicionales”. Las áreas blancas que faltan por regar se distribuyen 6.114 en la comuna de Bulnes, 3.442 en San Ignacio y 183 en El Carmen.

Entre quienes quedaron marginados de este megaproyecto de riego, los denominados “blancos”, está Zenobia Reyes, dirigente de El Faro, de Bulnes, quien recordó que “soy una más de los blancos esperando por 20 años regar nuestros predios. La única finalidad es que nuestros hijos no se vayan a la ciudad y emigren, lo que queremos es agua para nuestros campos, yo sé que lo hemos dicho por todos lados, nuestra única necesidad es que queremos agua, (…) para seguir adelante y que nuestros hijos sigan trabajando el campo”.

Reyes recordó las numerosas gestiones que se han hecho en el nivel central, con una activa participación del dirigente de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, quien logró demostrar al Ministerio de Obras Públicas la necesidad de financiar las obras pendientes a través de la Ley 1.123 de grandes obras de riego, tal como se hizo con el canal Laja-Diguillín. Sin embargo, advirtió que los proyectos han enfrentado dificultades en su aprobación en el Ministerio de Desarrollo Social.

La dirigente planteó que se debe continuar avanzando en el financiamiento de obras a través de los concursos de la CNR, para lo cual fue clave el convenio de programación entre el Gobierno Regional y la CNR, que permitió traspasar recursos FNDR destinados a avanzar en soluciones para los blancos. Para ello, dijo, se necesitan más recursos.

Asimismo, César Valenzuela, presidente de los blancos de Bulnes, expresó que “debemos continuar con una mesa de trabajo y tratar de ir ya dándole un corte a esto, porque ya estamos cansados, se nos ha ido la vida y la salud y hemos sido muy perseverantes y pacientes, demasiado. No venimos a exigir ni a presionar, pero queremos tener una respuesta clara a la brevedad”.

Al respecto, Crisóstomo señaló que “vinimos a conocer la bocatoma y a conversar abiertamente con los regantes y también con los agricultores que están en la agrupación de los blancos, porque queremos contribuir para poder avanzar, por eso hemos tomado dos grandes desafíos: el primero es convocar a una mesa técnica, donde van a estar los regantes, los blancos y otras instituciones públicas que son importantes en este proceso, como la DOH, la CNR, Indap y el Gobierno Regional. Y lo segundo, que vamos a ir explorando un convenio de programación financiera con distintas instituciones, a fin de tener a fecha cierta cuáles son los pasos a seguir y los recursos que todas las instituciones vamos a tener que involucrar para poder avanzar”.

La autoridad regional aseguró que “nuestra región es una de las que tiene menos riego en el país, siendo una región agrícola con tantas potencialidades, pero con falta de agua en gran parte de su territorio y eso tiene distintas maneras de ir solucionándose y tenemos que ir cerrando algunas brechas (…) Debemos avanzar para que todas las familias que quedaron fuera del Laja Diguillín puedan contar con agua suficiente para poder regar sus terrenos”.

Respecto a la priorización de los proyectos, Guillermo Yéber, alcalde de Bulnes, afirmó que “las comunas somos las que damos el alimento a las grandes ciudades, pero parece que las ciudades no nos consideran mucho (…) La desigualdad en los territorios es tremenda en este país, nosotros estamos tratando de hacernos cargo de nuestra trinchera, tratar de resolver las desigualdades territoriales, pero ojalá que este tema se ponga en la agenda nacional”.

A su vez, el alcalde de San Ignacio, César Figueroa, indicó que, a estos pequeños agricultores “hace 20 años se les generó una expectativa, un sueño que hasta el día de hoy no se ha concretado y, justamente, son las personas más vulnerables y tenemos que hacernos cargo, de verdad es una preocupación (…) Hay que trabajar fuertemente este tema y cuenten con todo mi apoyo”.

En ese sentido, Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, explicó que “lo que nosotros pedimos es un poco de voluntad, sabemos que el Gobierno Regional no puede financiar todo, porque es imposible, y si seguimos avanzando vía Ley 18.450, que está en el Congreso en este momento más muerta que viva, va a ser difícil conseguir algo por ese camino, y si se quiere avanzar, estamos hablando de dar soluciones a tres canales que llevan dos años tratando de sacar el visto bueno y somos 32 canales que tenemos que incorporar a la gente blanca, imagínense lo que nos demoraríamos en concretar este proyecto.(…) Estamos empeñados en sacar adelante este proyecto como sea, con quien sea y que tenga la voluntad de hacerlo, queremos pedirle al gobernador que lo estudien y declaren las obras que faltan del Laja-Diguillín como prioridad o como objetivo de la región”.