Resulta paradójico que los mismos que apoyaron el gobierno de Michelle Bachelet, en un periodo en que Chile fue el principal impulsor de este tratado luego de la salida de Estados Unidos, hoy estén en contra, salvo algunas excepciones.

Los 11 países representan un mercado 512 millones de personas, un ingreso per cápita promedio de US$ 29.300 y el 13% de la economía mundial. Para Chile es el destino del 17% de las exportaciones, el origen del 12% de las importaciones y el 18% de las inversiones chilenas en el exterior. Además, el 32% de la inversión extranjera directa en Chile proviene del bloque. Entre los beneficios concretos en acceso a mercados, para Chile mejora la situación para un alto número de productos con Japón, Malasia, Vietnam y Canadá.

El CPTTP (o TPP-11), en caso de aprobarse, abriría más de tres mil oportunidades a productos chilenos que ingresarían con arancel cero a este mercado. Para el caso de Ñuble, por ejemplo, para exportar espárragos congelados a Vietnam, el exportador chileno debe pagar un 7% de arancel. Con el acuerdo, los exportadores podrían acceder libre de aranceles en un período de 4 años.

La Cámara Baja visó el TPP-11 a mediados de abril del 2019, es decir, tiempo en el que el debate sobre su ratificación se ha mantenido en la Cámara Alta y durante el cual el Ejecutivo le ha ingresado urgencias y discusión inmediata.

Desafortunadamente, y así como está ocurriendo en otros temas de interés público, se difunden mitos con gran facilidad, como, por ejemplo, que con este acuerdo se van a privatizar las semillas ancestrales o patrimoniales, que el país va a perder soberanía para definir políticas ambientales y laborales, o que el tratado favorece únicamente la actividad extractivista.

No es necesario investigar mucho para comprender que si bien este tratado es más completo y más complejo que los tradicionales tratados de libre comercio bilaterales, su virtud es precisamente esa, ya que al ser más moderno, considera variables que no se abordaban en la anterior generación de acuerdos, como la protección ambiental y de los trabajadores, el apoyo a las Pymes y políticas de género, pero en ningún caso se inmiscuye en la legislación nacional, sino que apunta a evitar ciertos abusos, como el llamado dumping social, el dumping ambiental o la piratería, que son, en la práctica, competencia desleal.

El tratado fija medidas para impedir que cualquiera de los países del acuerdo aumente sus exportaciones o capte más inversiones sobre la base de reducir o debilitar su legislación laboral. Además, el artículo 19.3.2 se establece que cada país podrá adoptar y mantener leyes que regulen, entre otros aspectos, los salarios mínimos, indicando que serán aquellas que sean determinadas por ese país. En cuanto al ámbito medioambiental, el acuerdo incluye un compromiso que manifiesta que es inapropiado debilitar o reducir las leyes o regulaciones ambientales. En consecuencia, ningún país podrá derogar o renunciar a aplicar las leyes o regulaciones ambientales para promover el comercio o la inversión.

Otra crítica al Tratado plantea que, al ratificarlo, se limitarían las opciones de Chile para definir políticas públicas orientadas a la diversificación exportadora hacia la manufactura o a la promoción de la asociatividad a través de incentivos tributarios. Pero lo cierto es que las rebajas arancelarias que Chile obtendría con el acuerdo se distribuyen a través de todos los sectores de interés del país, en especial para aquellos productos de mayor elaboración, como las manufacturas y los servicios profesionales.

Y si de soberanía se trata, los mecanismos de solución de controversia, tal como ocurre en todos los demás tratados, dejan en manos de un tercero, en este caso un tribunal, la resolución de las diferencias, algo que genera inquietud en algunos sectores, pero que puede perfeccionarse, tal como lo ha planteado la primera ministra de Nueva Zelanda.

Recientemente China manifestó oficialmente a Nueva Zelanda su interés por incorporarse al TPP-11, lo que, si bien responde a una estrategia geopolítica de Beijing como respuesta al intento de aislamiento por parte de Estados Unidos, es una señal del potencial que representa este bloque, un interés que también ha expresado el Reino Unido al sufrir las consecuencias del Brexit.

Para los exportadores agrícolas de Chile, no hay duda de que será un acuerdo favorable, sin embargo, hay quienes, con una mirada ideologizada, ven en el interés del Gobierno por ratificar este tratado una mera treta que busca sancionar el TPP-11 antes que se apruebe una nueva Constitución, ya que la nueva carta magna debiera respetar los tratados internacionales, pero a estas alturas ni siquiera se sabe si habrá nueva Constitución.

Por más de cuatro décadas, la fórmula del éxito de la economía chilena ha sido la apertura comercial y la libertad económica. Es cierto que se pueden mejorar algunos aspectos del tratado, pero no por eso Chile se debe restar del futuro.